Los concejales fundamentaron su decisión en la existencia de numerosas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entre las denuncias se mencionan inconsistencias documentales, presunta falsificación de firmas, gastos sin respaldo y posibles desvíos de fondos municipales.

El caso no es nuevo. La gestión ya venía arrastrando cuestionamientos en años anteriores, con observaciones reiteradas e incluso pedidos de intervención. Sin embargo, lejos de corregirse, los problemas parecen haberse profundizado.

Uno de los ejemplos más llamativos expuestos en la sesión involucra a la Asociación de Artistas, que había solicitado apoyo económico para la construcción de sanitario, pero en los registros figura la entrega de 24 tubos. “Ellos jamás recibieron los tubos”, denunció el concejal Concepción Martínez.

A esto se suman denuncias directas de ciudadanos. Un dirigente del barrio Sagrado Corazón de Jesús se presentó ante la Junta para afirmar que su firma fue falsificada, ya que figura como beneficiario de aportes que nunca recibió su barrio. Situaciones similares fueron mencionadas en la capilla del km 47.

Otro punto cuestionado involucra a la propia Secretaría General: en un caso de ayuda a una familia afectada por un incendio, la funcionaria firmó como receptora de los materiales, sin que exista documentación que respalde la entrega a los supuestos beneficiarios.

Las irregularidades también alcanzan a pedidos institucionales. La Supervisión Educativa solicitó: 2 bolsas de cementos, 1 metro de arena, 2 cal, 200 ladrillos y pintur. Sin embargo, al verificar el portal de Contrataciones Públicas, las cifras aparecen infladas de manera desproporcionada, sólo el cemento aparece 100 bolsas, lo que hace presumir una posible adulteración del documento original.

En medio de la polémica, la vicepresidenta de la Junta Municipal, Marizol Rolón, planteó escuchar en una reunión reservada a las funcionarias administrativas que firmaron los documentos. No obstante, concejales insistieron en que cualquier explicación debe darse en sesión pública, garantizando transparencia.

Pese a la gravedad y reiteración de las denuncias, no se observan avances concretos en investigaciones ni sanciones, lo que mantiene el caso atrapado en el ámbito político sin consecuencias claras.

El primer balance rechazado incluso comparte responsabilidad con la administración anterior del exintendente Víctor Casas, condenado en dos ocasiones por supuesta lesión de confianza, aunque sus causas prescribieron.

Este nuevo revés para la administración de Rivas se da en un contexto sensible, a pocas semanas de las elecciones internas, y deja al descubierto una gestión marcada por cuestionamientos, dudas y una credibilidad cada vez más debilitada