En una nota formal remitida a la ARP, Vanryckeghem solicita que la organización informe al Ministerio del Interior y al presidente de la República, Santiago Peña, para que se adopten acciones inmediatas que garanticen el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica en la zona.

Lo grave del caso es que este grupo no está vinculado a los ocupantes “sin tierra” con quienes el propietario había llegado a un acuerdo pacífico semanas atrás. Según lo señalado, ese conflicto fue resuelto mediante un entendimiento legal y voluntario, donde Vanryckeghem accedió a donar parte de su propiedad a unas 40 familias, como salida al conflicto. Como parte del acuerdo, los imputados donaron G. 11.500.000 en insumos médicos a la USF de Ara Poty, al puesto de salud de Edelira 28 y al Hospital de María Auxiliadora.

Sin embargo, ahora un nuevo grupo —armado y sin representación conocida— estaría amenazando a las familias beneficiadas, presionándolas para que rechacen el acuerdo de donación, sembrando el miedo y entorpeciendo una salida pacífica ya establecida.

Vanryckeghem exige un pronunciamiento firme por parte de la ARP, y reitera el pedido de una intervención urgente por parte del Gobierno Nacional, advirtiendo que este tipo de situaciones, si no se atienden con prontitud, ponen en riesgo el estado de derecho y alientan la impunidad en zonas rurales.

“No soy el único. Hay más propietarios en situaciones similares, amenazados por estos grupos con métodos que nada tienen que ver con una lucha legítima. Necesitamos que el gobierno haga cumplir la ley”, expresó.

La denuncia también deja al descubierto la fragilidad institucional en cuanto a la protección de derechos fundamentales como la propiedad privada y la seguridad personal en el interior del país. Lo que comenzó como un conflicto de tierras con visos de solución pacífica, hoy se ve empañado por acciones ilegales que podrían escalar, si no se actúa de forma inmediata.