Con mayoría cartista, el pleno aprobó el aplazamiento que pospone el análisis hasta diciembre, con el riesgo de que se postergue aún más, hasta después del receso parlamentario, en marzo del próximo año.

Durante el debate, el diputado Édgar Acosta (PLRA) criticó la maniobra política y afirmó que “algunos defienden a otros corruptos porque mañana quieren cobrar factura cuando les toque defender a los suyos”.

En respuesta, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), junto con Raúl Benítez (independiente), Daniel Centurión (disidente cartista) y Johanna Ortega (País Solidario), acompañaron la moción del diputado Celso Kennedy para reducir el aplazamiento a solo ocho días.

Sin embargo, la moción de reconsideración no alcanzó los votos necesarios: se requerían 54 votos (dos tercios), pero solo 17 diputados votaron a favor, contra 26 que lo rechazaron. El resto se abstuvo o no participó de la votación.

El pedido de intervención había ingresado como moción de preferencia, pero con esta decisión, los municipios cuestionados —entre ellos Tomas Romero Pereira— ganan tiempo y evitan el análisis de sus gestiones por parte del Congreso.