La denuncia fue presentada por seis concejales municipales contra la Comisión de Emergencia Distrital de Natalio, presidida por el jefe comunal, que habría recibido G. 935.329.162 de fondos municipales para apoyar a pequeños productores tras la declaración de emergencia por sequía.

Según la Fiscalía, la comisión contrató a la Cooperativa Multiactiva Tape Añete Ltda. para realizar trabajos de preparación de suelos y entrega de semillas. No obstante, se constató que las tareas fueron realizadas con maquinarias pertenecientes a la Municipalidad, la Gobernación de Itapúa, el Ministerio de Obras Públicas y particulares del distrito, sin que exista documentación que acredite el pago de alquiler por el uso de estos equipos.

Asimismo, las transferencias de fondos se habrían realizado en varias oportunidades sin detallar su destino, y las solicitudes de desembolso fueron firmadas por el propio intendente, dirigiéndose a sí mismo. En todos los procesos de contratación analizados, resultó adjudicada la misma cooperativa.

En agosto de 2024, el fiscal Walter Castro allanó las sedes de la cooperativa y de la Municipalidad de Natalio. Durante el procedimiento, señaló que la cooperativa no contaba con la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos contratados y procedió a la incautación de documentos. El administrador de la cooperativa reconoció que no disponían de pala cargadora, tractor, motoniveladora, camión volquete, ni otros equipos requeridos.

Posteriormente, el fiscal se trasladó a los domicilios de presidentes de comisiones vecinales que figuraban como beneficiarios del proyecto. Estos manifestaron que los trabajos de preparación de suelos y arreglos de caminos se realizaron con equipos de la Municipalidad, la Gobernación y vecinos particulares, y que la cooperativa no ejecutó directamente las obras. También señalaron que las semillas no fueron entregadas en su totalidad.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía formuló imputación el pasado 5 de agosto por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos.

La jueza penal de Garantías de Tomás Romero Pereira, Carina Ruiz Díaz, se declaró incompetente en la causa y remitió el expediente a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. En esta instancia fue designado el juez Humberto Otazú, quien admitió la imputación y convocó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas, prevista para el miércoles 10 de septiembre.